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NO ES LA OKUPACIÓN, ES LA JUSTICIA

Analizamos la situación actual de la administración de Justicia con relación a la ocupación de viviendas

La dificultad del acceso a la vivienda se ha situado en el centro del debate público en España. Aunque todas las fuerzas políticas coinciden al diagnosticar la gravedad del problema, sus programas electorales plantean soluciones muy diferentes, en función de las distintas posiciones ideológicas.

Las formaciones de izquierda enfocan sus mensajes hacia la necesidad de una mayor intervención pública del mercado inmobiliario, aspirando a un blindaje y control de los precios del alquiler a través de la ampliación de las zonas tensionadas, la construcción masiva de viviendas sociales en régimen de alquiler, la paralización de los desahucios y el aumento de la prórroga obligatoria de los contratos en vigor.

Por el contrario, los partidos de centro-derecha articulan su discurso en la necesidad de aumentar el parque de viviendas (públicas y privadas), fomentando el incremento del mercado del alquiler a través de diversos incentivos y de una mayor la seguridad jurídica, para lo cual anuncian importantes reformas legales para agilizar ante la Justicia los desahucios frente a la ocupación ilegal .

Las soluciones ofrecidas por las formaciones de izquierda, no resultan novedosas, toda vez que reproducen fórmulas de intervención de precios y protección al inquilino que ya han formado parte anteriormente de nuestro marco normativo y que nos retrotraen a la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 derogada por el PSOE en época del presidente Felipe González.

Por otro lado, la propuesta de construir un parque masivo de viviendas sociales resultaría muy acertada si no fuera porque es un compromiso recurrente en todos los programas electorales desde hace décadas, que choca con la realidad de la compleja legislación urbanística de las distintas administraciones que eterniza los plazos para sacar nuevas bolsas de suelo, así como los tiempos necesarios para la ejecución de los proyectos.

Desde el Partido Popular, se ha anunciado recientemente como medida estrella, la publicación de una nueva ley antiokupación, con el objetivo de aumentar de la seguridad jurídica y recuperar la confianza de los propietarios de viviendas para inyectar a corto plazo, un importante número de inmuebles al mercado del alquiler que contribuiría a abaratar su precio. Esta propuesta tampoco constituye ninguna novedad, toda vez que en los últimos 18 años hemos asistido a numerosas reformas procesales similares que, bajo sugestivas denominaciones, no han surtido el efecto deseado prácticamente por un mismo motivo: la lentitud de nuestra Administración de Justicia, derivada de la escasez de medios materiales.

En el año 2009, curiosamente bajo el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la Ley 19/2009 para permitir que los juicios por impago de alquiler se agilizaran. Esta reforma recibió el apodo de «desahucio exprés». Sin embargo, la celeridad prometida se convirtió en una media de 6 meses a un año, debido a la falta de digitalización en los juzgados y a los retrasos en las notificaciones a los inquilinos.

En el año 2013, bajo el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) se aprobó la Ley 4/2013 bautizada como «segundo desahucio exprés». Esta norma establecía que, si el inquilino demandado no pagaba o no se oponía en 10 días plazo, el juez dictaba el desahucio de forma directa, sin necesidad de celebrar un juicio. El resultado real es que los tiempos medios de los procedimientos de desahucio siguieron aumentando ante la dificultad de notificar las demandas a los arrendatarios, así como la saturación de las comisiones judiciales encargadas de la ejecución de los lanzamientos.

En el año 2018, al final de la legislatura de Mariano Rajoy y con el apoyo de Ciudadanos y el PNV se aprobó la Ley 5/2018 denominada popularmente como “patada en la puerta”, que estaba pensada exclusivamente para la ocupación ilegal al modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil permitiendo solicitar la inmediata recuperación de la vivienda mediante un plazo improrrogable de 5 días que daba el Juez a los ocupantes para presentar un contrato o título válido. Si no lo hacían se dictaba un auto ordenando el desalojo inmediato sin posibilidad de recurso. La realidad es que el juzgado tardaba meses en conseguir que un agente judicial acudiera a la vivienda a entregar la notificación legal a los ocupantes muchas veces considerados como «ignorados ocupantes», por lo que estos brevísimos plazos previstos se dilataron de media por encima de los 12 meses.

En definitiva, el ordenamiento jurídico español cuenta con herramientas procesales que, sobre el papel, están diseñadas para ser sumarias y ágiles, pero en la realidad resultan completamente inoperativas por el colapso estructural de los tribunales de justicia.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la solución del problema no reside en una mayor tipificación penal de los delitos ni en la implantación de nuevas acciones en la vía civil. Si se quiere proteger eficazmente el derecho a la propiedad y dar seguridad al mercado del alquiler, la verdadera reforma urgente debe empezar por agilizar nuestra olvidada administración de justicia, cuyo principal cuello de botella es de naturaleza presupuestario y organizativo.

Mientras las reformas legislativas no vayan acompañadas de una considerable dotación presupuestaria que modernice la planta judicial, refuerce las dotaciones de personal y mejore la infraestructura de los tribunales de instancia, las leyes seguirán siendo papel mojado. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas sigue siendo la gran asignatura pendiente no solo del sistema inmobiliario español sino de la calidad democrática de nuestro estado de derecho.

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